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Situación Actual de las Oposiciones a Ejecuciones Hipotecarias

En la actualidad el inicio de un proceso de ejecución hipotecaria no tiene por que ser el fin de su casa ni un desahucio seguro. La banca española durante décadas ha estado otorgando prestamos garantizados con hipoteca con unas condiciones absolutamente abusivas. Cláusulas abusivas como los intereses moratorios en caso de impago, el vencimiento anticipado en caso de impago de cualquier cantidad derivada del principal, intereses e incluso gastos, cláusulas suelo y techo etc...

En el momento de ser demandados por el impago de las cuotas de la hipoteca, debe acudir siempre a un abogado para que éste compruebe la demanda interpuesta y en base a que cláusulas se ejecuta la hipoteca. Desde la última transposición europea en matería de ejecución de hipotecas, el juez debe obserbar detenidamente de oficio la posibilidad de que existan cláusulas abusivas, pudiendo alegarse dichas cláusulas hasta en un momento posterior en la contestación y oposición a la demanda de ejecución de hipoteca.

Las cláusulas abusivas más habituales son las relacionadas con los intereses moratorios siendo éstas absolutamente elevadas cayendo casi en la usura, la observancia de éstas cláusulas abusivas suele hacerla el juez de oficio. Otras cláusulas que habitualmente se declaran abusivas son las que permiten el vencimiento anticipado de préstamo pudiendo el banco reclamar la cantidad total del prestamo cuando se impaga cualquier cantidad de principal, intereses gastos y cualquier cantidad dirigida a la amortización del préstamo, lo cual es absolutamente abusivo y deja al prestatario en una absoluta indefensión e inferioridad ante la banca al no haber podido negociar dichas cláusulas. La cláusula de vencimiento anticipado es habitualmente la cláusula en la que se basan muchas ejecuciones hipotecarias, y si se consigue decretar abusiva dicha cláusula, normalmente se archiva la ejecución siendo condenado el banco a las costas de la ejecuión.

Responsabilidad de las Administraciones en el funcionamiento de sus servicios

Los Ayuntamientos, las Comunidades Autonomas así como el Estado y resto de Admiistraciones, son responsables civiles de los daños causados en el normal o anormal funcinamiento de sus servicios, y lo son de forma obejtiva siendo responsables sin importar si el daño se generó por un mal funcionamiento del servicio, ya que también son responsables en caso de que el daño se generase por el funcionamiento normal del servio. Dicha responsabilidad es la llamada Responsabilidad Patrimonial de la Administración.

Hay numerosas situaciones en las que las Administraciones públicas pueden incurrir en responsabilidad; la responsabilidad por negligencia médica de un hospital público, una caida en la acera por mal estado de la vía pública o falta de señalización, una caida en un autobus de linea por una mala conducción o los accidentes de tráfico o los daños en un vehículo causados por el mal estado de conservación de la via, debido a un socavon o los daños causados por el mobiliario púbico como la caida de un arbo o el desplazamiento de un contenedor, todos esos daños entran dentro de la responsabilidad de la Administración y son reclamables al Ayuntamiento o a la Administración responsable correspondiente.

Sin embargo aquí nos centraremos en los casos en los que suframos daños en nuestro vehículo debido tanto al mobiliario publico; arboles, contencedores, señales, farolas, postes etc.. cuando tengamos nuestro vehículo estacionado en la vía, así como cuando estemos circulando con el por una vía pública y suframos un accidente debido a que el firme no esté en buenas condiciones para la conducción, esté deslizante debido a un vertido de aceite o el firme sea peligrosamente irregular con la existencia de socavones, en esos casos siempre se deberá antes de continuar la marcha con nuestro vehículo, llamar a la Policía Local o la Guardica Civil de Tráfico y dar aviso para que acudan al lugar y levanten un atestado de lo ocurrido a fin de poder concer la realidad de los hechos y el estado de la vía y poder reclamar contra la Administración responsable los daños causados en nuestro vehículo que deberán ser reparados y plasmado en una factura de reparación para poder reclamarlos.

Consecuencias de la Reforma del Código Penal

Estamos en un momento de transión en diferentes ámbitos de la Ley. La Ley de Tasas ya suprimida apenas a varios meses de su publicación, la reciente Reforma Fiscal, la inminente reforma de la ley Procesal Penal y especialmente la reciente Reforma del Código Penal, una gran reforma trasversal que deja diversas incognitas entorno al futuro de diferentes aspectos como la responsabilidad derivada de accidentes de tráfico, el futuro del cuerpo de médicos forenses, la despenalización de las Faltas y la posible saturación de los tribunales de primera instancia por la abalancha de demandas de responsabilidad civil derivada de accidentes, que está alamando a los profesionales del sector.

De nuevo el código penal de la democracia sufre la enésima reforma. Ésta vez la reforma consiste en  la despenalización de las Faltas conviertiendolas la mayoría en los llamados nuevos delitos leves cuya naturaleza actualmente se desconoce, así como el procedimiento de enjuiciamiento de dichos delitos ya que no hay que olvidar que para enjuiciar por la vía penal debe existir la previsión legal penal del procedimiento de enjuiciamento que actualmente se desconoce, no pudiendose aplicar el existente actualmente ya que estaríamos violandom el procedimiento legal establecido, lo que nos revela una necesaria e inminente reforma de la Ley de enjuiciamiento criminal.

La reforma además de la supresión de la Faltas, se centra básicamente en una nueva elevación de las condenas en general sobretodo Estafas y robos, incidiendo en la reincidencia de delitos leves, incluyendo nuevas condenas como la penal perpetua revisable para delitos de asesinato especialmente graves, diferenciación clara entre insolvencias punibles y ejecuciones frustradas, imponiendo un refuerzo punitivo de la corrupción en los negocios y en la administración publica, haciendo una especial distición entre administración desleal y apropieación indebida, protegiendo especialmente la propiedad intelectual y el medio ambiente, limitando la responsailidad penal de las personas jurídicas, haciendo una nueva definición de las conductas de incitación al odio y a la violencia.

Situación Actual de los Accidentes de Tráfico y las Aseguradoras

La reforma del Código Penal no solo va a cambiar la forma de resolverse los conflictos derivados de accidentes de tráfico. Además de obligar a los profesionales de recurrir la la vía civil para reclamar las indemnizaciones derivadas de accidentes de tráfico, también va a obligar a los asegurados a decidir entre reclamar lo que les corresponde por sus lesiones, o a aceptar la leonina e insuficiente cantidad que las aseguradoras van a ofrecer de entrada a los lesionados para cerrar los expedientes cuanto antes ahorrando dinero a las Aseguradoras den forma injusta para los asegurados y lesionados.

La consecuencia de la reforma además de subir los plazos para resolver los conflictos rondando los 3 años de duracion de los pleitos, también va a encarecer en gran medida los costes de reclamación ya que el lesionado que quiera reclamar sus daños y lesiones derivados de un accidente de tráfico debera abonar los costes de un médico perito valorador del daño corporal que hasta la fecha era gratuito para el que reclamaba por la vía penal, a través del informe de sanidad medico-forense, que en estos casos hacia una funcion de pericial objetiva para la valoración de las lesiones de una forma publica, objetiva y gratuita.

A partir de la reforma del Código Penal, al tener que acudir a la vía civil y siendo inexistente en ésta la intervención del Forense, las valoraciones siempre serán parciales y beneficiarán siempre a la parte que las haya aportado o propuesto, y nunca gratuitas sino que serán de cargo del que las proponga o en su caso atribuible a las costas del procedimiento, de ésta forma se están poniendo palos en las ruedas del procedimiento consiguendose quizá el objetivo contrario al que se pretendia, elevando la judicialización de los temas por accidentes de tráfico aumentando la conflictividad y llendo en detrimento de la concialiación y los acuerdos al evitar la objetiva y gratuita valoración de las lesiones que permitía el forense. Sinembargo desde Losana Abogados seguimos pensando que al menos reclamar judicialmente por la vía civil es mejor que aceptar una indemnización minima y beneficiar a una Aseguradora en detriento del interés y derechos del propio lesionado.

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