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Consecuencias de la Reforma del Código Penal

Estamos en un momento de transión en diferentes ámbitos de la Ley. La Ley de Tasas ya suprimida apenas a varios meses de su publicación, la reciente Reforma Fiscal, la inminente reforma de la ley Procesal Penal y especialmente la reciente Reforma del Código Penal, una gran reforma trasversal que deja diversas incognitas entorno al futuro de diferentes aspectos como la responsabilidad derivada de accidentes de tráfico, el futuro del cuerpo de médicos forenses, la despenalización de las Faltas y la posible saturación de los tribunales de primera instancia por la abalancha de demandas de responsabilidad civil derivada de accidentes, que está alamando a los profesionales del sector.

De nuevo el código penal de la democracia sufre la enésima reforma. Ésta vez la reforma consiste en  la despenalización de las Faltas conviertiendolas la mayoría en los llamados nuevos delitos leves cuya naturaleza actualmente se desconoce, así como el procedimiento de enjuiciamiento de dichos delitos ya que no hay que olvidar que para enjuiciar por la vía penal debe existir la previsión legal penal del procedimiento de enjuiciamento que actualmente se desconoce, no pudiendose aplicar el existente actualmente ya que estaríamos violandom el procedimiento legal establecido, lo que nos revela una necesaria e inminente reforma de la Ley de enjuiciamiento criminal.

La reforma además de la supresión de la Faltas, se centra básicamente en una nueva elevación de las condenas en general sobretodo Estafas y robos, incidiendo en la reincidencia de delitos leves, incluyendo nuevas condenas como la penal perpetua revisable para delitos de asesinato especialmente graves, diferenciación clara entre insolvencias punibles y ejecuciones frustradas, imponiendo un refuerzo punitivo de la corrupción en los negocios y en la administración publica, haciendo una especial distición entre administración desleal y apropieación indebida, protegiendo especialmente la propiedad intelectual y el medio ambiente, limitando la responsailidad penal de las personas jurídicas, haciendo una nueva definición de las conductas de incitación al odio y a la violencia.